La Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia que dicte prisión preventiva contra el senador de la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, por actos de corrupción en que habría incurrido como secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), informó este martes una fuente periodística.
La información sobre esa solicitud, no confirmada aún oficialmente, fue divulgada por el periódico Listín Diario, el cual señala que ya el procurador Francisco Domínguez Brito remitió una instancia en este sentido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía.
En la misma pide que se dicte medida coerción en contra del Senador por la Altagracia, consistente en prisión preventiva.
Para conocer dicha medida, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, deberá designar a uno de los magistrados del alto tribunal para que sirva como juez de instrucción especial, debido a que Aristy Castro goza de jurisdicción privilegiada, en su condición de senador de la República, de acuerdo a lo publicado.
El pedimento a la Suprema Corte, se produce luego de que el procurador Domínguez Brito decidiera reactivar la investigación, tras revocar un auto de archivo provisional dispuesto por el director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla García, a favor del ex secretario de la Liga Municipal Dominicana .
Mediante el auto 03099, del 10 agosto pasado, la DPCA archivó de manera provisional la investigación iniciada con ocasión de la auditoría financiera y legal practicada por la Cámara de Cuentas a la LMD durante la gestión de Aristy Castro .
La pasada semana los abogados de Aristy Castro, doctores Julio Cury y Marino Félix presentaron ante la Suprema Corte, un recurso de objeción en contra de la revocación del auto mediante el cual el Procurador General de la República, decidió retomar la investigación que se le hace por los alegados actos de corrupción .
El procurador dice que los resultados de las auditorías practicadas en el 2006 y 2009 son suficientes para iniciar una investigación y que es responsabilidad del ministerio público perseguir todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan elementos para verificar su ocurrencia.
La auditoría de la Cámara de Cuentas revela que en la gestión de Aristy Castro se gastaron 159 millones de pesos en “ayudas” a personas y en compra de alimentos, además de otros 32 millones pagados a personas que ni siquiera se asoman por la institución.
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